Tribunas


El seguro decenal, ese gran desconocido

César GarcíaPor César García Abogado. Doctor en Derecho de Seguros

En no pocas ocasiones, en la práctica forense nos encontramos con reclamaciones judiciales por responsabilidad civil contra un asegurador que lo que tiene suscrito es un seguro decenal.

Derivado de lo anterior, los juzgadores han tenido que hacer, no ya malabarismos, sino contorsiones, para que aquellos litigios no acaben con una demanda de responsabilidad civil por negligencia profesional del abogado y del perito que firmó el dictamen en el que se basaba aquella demanda.

Y ello es porque se pretende reclamar por responsabilidad civil de cualesquiera operadores que intervienen en el proceso constructivo y,  contra el asegurador decenal como garante de la responsabilidad civil de aquellos.

Por ello, intentaremos arrojar algo de luz al seguro decenal, tantas veces criticado por desconocido.

Es correcto afirmar que por méritos del artículo 1591 del Código Civil, los responsables de los daños en una construcción son el arquitecto y el contratista.

Y si bien es cierto que la Ley de Ordenación en la Edificación (LOE), no deroga el artículo 1591CC, no podemos dejar de lado que en el proceso constructivo intervienen distintos operadores, amén de los arquitectos y contratistas, por lo que habrá que tener en cuenta la delimitación dada en la LOE, tanto de la función de todos ellos, como, por ende, su responsabilidad.

¿Qué es el seguro decenal? ¿Por qué se confunde con el seguro de RC de los profesionales de la construcción?

El seguro decenal, no es un seguro de responsabilidad civil, sino que es un seguro de daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción.

La clara distinción entre el seguro decenal y el seguro de responsabilidad civil está en la propia LOE, donde, aun siendo obligatorios ambos para todos los profesionales de la construcción, uno está regulado en el artículo 17 y el otro en el 19 así como en la Disposición Adicional Segunda.

Pero se les confunde, -dejando de un lado el desconocimiento general que hay sobre el seguro decenal-, porque garantizan algunas veces el mismo bien, pero no el mismo riesgo.

Pero hay que destacar que el seguro decenal, no cubre daños que no sean derivados de vicios ocultos; tampoco cubre daños que no sean derivados de defectos constructivos, y solo cubre daños materiales en la edificación.

¿Qué elementos diferenciadores tiene el seguro decenal respecto del seguro de responsabilidad civil? A nuestro entender son varios, destacando ahora los principales:

  • Elementos objetivos

El seguro de responsabilidad civil se configura como una garantía ante casos de impericia o incluso negligencia.

De otro lado, el seguro decenal tiene una doble naturaleza, una de seguro de daños materiales y otra como seguro de caución.

  • Elementos subjetivos

El seguro de RC de los profesionales que intervienen en el proceso constructivo, garantiza los daños que pudieren ocasionar "frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o parte de los mismos".

Está obligado a contratar un seguro de RC profesional, todo aquél que intervenga en el proceso constructivo.

Y podrá reclamar contra aquél, el propietario del inmueble, el resto de operadores constructivos (generalmente por repetición), y cualesquiera perjudicados, como una comunidad de propietarios, una administración, etc.

De otro lado, en el seguro decenal, el tomador es el promotor de la construcción, pero el asegurado es cualquier propietario del inmueble, con independencia de las transmisiones que del mismo se hayan dado, siendo éste el único legitimado para reclamar el perjuicio al asegurador decenal.

  • Elementos cuantitativos.

En el marco de la responsabilidad civil de cualesquiera operadores que intervienen en el proceso constructivo, éstos responderán por el total de los daños que produzcan, incluidos los personales, y patrimoniales, que incluyen los muebles, el lucro cesante, daño emergente, etc.

Por lo general, las pólizas de RC vienen garantizando sumas aseguradas de máximos, siendo muy habitual el aplicar franquicias. En el marco del seguro decenal, se establece como suma asegurada el valor total del inmueble, el cual tiene el valor "100%".

A cada parte del inmueble, se le establece un porcentaje del total del inmueble, el cual se establece en función de la importancia de la parte.

Es decir, si el valor del inmueble es 100.000 euros, siendo este importe el 100%, y si las ventanas, son un 10% del total de la suma asegurada, la suma asegurada para las ventanas será de 10.000 euros.

Si los elementos dañados son las ventanas, las puertas, instalación eléctrica, etc., habrá que sumar los porcentajes de cada parte, y aplicarlo sobre el valor del inmueble en su conjunto.

Y si los daños de las partes dañadas superase el 100%, siempre se indemnizará como máximo el valor de la cosa en su conjunto, y no el de la suma de las partes.

Es decir, no se indemnizará por el total del daño sufrido, sino por el importe correspondiente en función de la suma asegurada.

Así pue,s las pólizas de seguro de decenal tienen una tabla de valores y porcentajes que se proyectan sobre el valor del inmueble; valor del inmueble que determina el tomador de la póliza en su contratación, y no es valorado conforme la totalidad de los daños.

Esta tribuna se publicó primero en ADN del Seguro.


"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas"

AutorPor Francisco Gómez Alvado, director de Clientes y Oferta de Pelayo

La frase de Mario Benedetti tiene hoy mucho más sentido que nunca. Hay muchas preguntas que ayer nos hacíamos sobre la situación de nuestro mundo, nuestra economía y la situación del sector asegurador que tenían sentido entonces, pero que hoy han dejado de tenerlo.

Nuestra visión del mundo ha cambiado con el Covid-19. Nuestras prioridades han cambiado. Lo que creíamos fijo e inamovible se ha vuelto inestable y relativo.

Las perspectivas económicas a principio de año eran de un entorno global de desaceleración controlada, con una previsión del crecimiento del PIB para España del 1,6% según el FMI.

Estas previsiones han saltado por los aires. Nos encontramos ahora bajo un escenario completamente diferente, donde frente a la desaceleración estamos entrando en una recisión que el FMI estima para nuestro país en el año 2020 del 8%.

Las series históricas nos demuestran que la evolución del sector asegurador ha seguido muy de cerca la senda del PIB. En los últimos años (2017-2019) ya se estaba observado que las primas de No Vida estaban siguiendo la tendencia de desaceleración del PIB, por lo que ahora las nuevas preguntas que nos hacemos todas las compañías son: ¿Cuánto va a caer la facturación de mi compañía en 2020?, ¿Voy a aguantar mejor que el PIB? ¿Qué tengo que hacer para recuperarme rápidamente en 2021?

"El nuestro es un sector que se asienta sobre bases sólidas, que consiguió en 2019 mantener sus márgenes con unas perspectivas de estabilidad para 2020, que esperemos que, salvo ramos muy penalizados por esta crisis, mantenga sus márgenes y niveles de solvencia"

Es obvio que este nuevo entorno pone en riesgo la contracción del sector, como ya vimos en la crisis anterior entre los años 2009 a 2013.

Lo más previsible es que veamos tensiones a la baja en el ramo de Autos, por la mayor rotación de carteras y una gran competitividad en los precios que provocará bajadas de la prima media, y en Comercios y Pyme, por las enormes dificultades que van a atravesar estos sectores durante esta crisis.

Sin embargo, otros ramos con Salud, Vida y los Ciberseguros tienen unas perspectivas más positivas. Nos encontramos ante un nuevo escenario donde va a primar el refuerzo de nuestro sistema sanitario y donde la sanidad privada tendrá que jugar un papel importante. También es razonable pensar que los seguros de Vida tengan ahora una mayor penetración, así como los Ciberseguros, por los nuevos riesgos al que nos estamos enfrentando por el uso intensivo de la digitalización.

Seguir adelante

Pero el nuestro es un sector que se asienta sobre bases sólidas, que consiguió en 2019 mantener sus márgenes con unas perspectivas de estabilidad para 2020, que esperemos que, salvo ramos muy penalizados por esta crisis, mantenga sus márgenes y niveles de solvencia. Han aparecido nuevas preguntas que antes no estaban. Al principio puede hacernos temblar porque nuestro mundo tal como lo conocemos se está tambaleando, pero después de la tormenta llegará la calma y seguro que encontraremos las respuestas a las nuevas preguntas para salir adelante.


Importante sentencia sobre el Covid-19Laura Ochoa

Por Laura Ochoa Senior Associate, Clyde & Co LLP

¿Constituye el Covid-19 un supuesto de fuerza mayor? ¿Se ha producido una infracción de medidas de seguridad en el trabajo por no suministrar a los sanitarios equipos de protección suficientes y adecuados? ¿El contagio de Covid-19 constituye un accidente de trabajo o una enfermedad profesional?

Estas son solo algunas de las cuestiones que analiza la reciente sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Único de Teruel, de fecha del pasado 3 de junio. Se trata, sin duda, de una sentencia muy relevante, no solo por las cuestiones candentes que analiza, sino especialmente por el riguroso y exhaustivo estudio que realiza a lo largo de sus 128 páginas.

El procedimiento se inició a instancias del sindicato FASAMET frente al Servicio Aragonés de Salud (SAS), al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), y la Diputación General de Aragón (DGA). En síntesis, la Sentencia determina que:

(i) La pandemia del Covid-19 no es un supuesto de fuerza mayor o riesgo catastrófico. Antes al contrario, el juzgador considera que la llegada a España de la pandemia era un hecho previsible.

La sentencia advierte que desde enero de 2020 y con mayor énfasis a partir de febrero, la OMS venía dando avisos y recomendaciones para prevenir la propagación del virus. Además, tanto el Gobierno como las Administraciones Públicas (AAPP), siendo conocedores de estos datos, podían y debían de haber adoptado las medidas necesarias; en particular, el distanciamiento social y el aprovisionamiento de los EPIS para evitar la propagación entre los ciudadanos y, en especial, entre los profesionales sanitarios.

Adicionalmente, la sentencia argumenta que si bien el origen del virus tuvo lugar en China y, por tanto, inicialmente parecía poco probable que alcanzara la Península, dicha probabilidad se incrementó considerablemente desde el momento en el que, en enero, se conocieron casos en Alemania e Italia y, más aún, con el primer caso en La Gomera y, posteriormente en Palma de Mallorca.

"El nuestro es un sector que se asienta sobre bases sólidas, que consiguió en 2019 mantener sus márgenes con unas perspectivas de estabilidad para 2020, que esperemos que, salvo ramos muy penalizados por esta crisis, mantenga sus márgenes y niveles de solvencia"


(ii) Incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales.

La sentencia desestima la llamada al procedimiento al Ministerio de Sanidad solicitada por la DGA, como autoridad sanitaria conforme al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Y es que, entiende que, a pesar de la centralización de las competencias, el Ministerio no adquiere por ello el carácter de empleador del personal sanitario; además, no se trata de un análisis de una responsabilidad patrimonial en la gestión de la sanidad pública, sino que es un supuesto de prevención de riesgos laborales.

Dicho esto, la sentencia determina que las demandadas han incumplido la Ley de Prevención de Riesgos Laborales puesto que no pusieron a disposición de sus trabajadores los EPIS suficientes para garantizar su salud y seguridad en el trabajo.

En opinión del juzgador, dado que la pandemia era un hecho previsible, también lo era que todos los países tendrían que abastecerse de EPIS. Así, las AAPP debían no solo haber adquirido dichos equipos antes de que se produjera un desabastecimiento en los mercados sino haberlo hecho incluso antes de la declaración del estado de alarma. Ello ya no sólo en calidad de empleadora, sino también como AAPP al estar sujeta al principio de precaución.

No obstante, la sentencia llega aún más lejos y señala que aun en el caso de que se considerara la pandemia como un supuesto de fuerza mayor, ello no eximiría el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por parte del empresario.

(iii) Consideración del contagio por Covid-19 como enfermedad profesional.

En efecto, la sentencia considera los contagios del personal sanitario como enfermedad profesional, puesto que, en síntesis, es una de las enfermedades recogidas en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo que puede ser calificada como profesional a los efectos del RD 1299/2006 de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social.

Dicha calificación la otorga a pesar de que el reciente RD 19/2020, de 26 de mayo, considere, bajo determinadas circunstancias, el contagio de los sanitarios y del personal socio-sanitario por Covid-19 como accidente de trabajo. RD que es obviado por el juzgador, lo cual, en nuestra opinión, resulta cuanto menos llamativo.

El hecho de que el contagio por Covid-19 sea calificado como enfermedad profesional o como accidente de trabajo no es cuestión baladí, puesto que de ello dependerá, principalmente, que este tipo de reclamaciones puedan estar cubiertas o no bajo la garantía de responsabilidad civil patronal de las pólizas de seguro.

(iv) Vulneración de los Derechos Fundamentales.

Por último, la sentencia considera que el incumplimiento de las obligaciones en materia de Ley de Prevención de Riesgos Laborales supuso una lesión a la salud e integridad física de los sanitarios y, con ello, una vulneración de sus Derechos Fundamentales.

La sentencia es susceptible de ser recurrida en Suplicación. Con independencia de ello, sin lugar a la duda va a crear un precedente y, muy previsiblemente, va a ocasionar múltiples reclamaciones del personal sanitario y socio-sanitario frente a sus empleadores, ya sean empresas privadas o Administraciones Públicas.

Esta tribuna se publicó primero en el Boletín Diario de Seguros (BDS)