El futuro de las pensiones y el papel del Seguro

A partir de 2023 se empezará a jubilar la generación del baby boom. El gasto en pensiones pasará de representar el 12,2% actual al 13,9% del PIB en 2050. Y en 2050 habrá 10 cotizantes por cada 6 pensionistas. No son opiniones: son datos. Los aporta el presidente del Instituto de Actuarios Españoles, Gregorio Gil de Rozas, cuando se le pregunta sobre el futuro de las pensiones públicas. Es evidente que algo hay que hacer.

“Tenemos un sistema de escasa equivalencia actuarial, con importantes y crecientes tensiones demográficas y en el que la dinámica de salario y pensión juega a la contra”, señalaba por su parte la presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos, en un reciente foro. La directiva considera que las pensiones de reparto deben “recuperar su esencia actuarial”, debe dotarse al sistema de “transparencia técnica sobre los elementos básicos del armazón de las pensiones” y extender la cotizante.  “Debería avergonzarnos como país que a día de hoy no hayamos sido capaces de llevar a cabo los compromisos de transparencia que nos fijamos todos, mediante un consenso amplio, hace ocho años”, lamentó.

Otra pata de la solución para el sistema de reparto pasa por la automatización.  Por un lado, explicó, mediante “la activación inmediata y no dependiente de la decisión política de medidas correctoras cuando ese cálculo consensuado de la solvencia del sistema traspasase determinadas líneas rojas”. En segundo lugar, “creo que también sería bueno que se introdujesen elementos de automatismo en la edad de jubilación".

“Puesto que una solución así exigiría la instrumentación del sistema mediante cuentas nocionales, y en España hablar de las cuentas nocionales es como hablar de Lutero en tiempos de la Inquisición, probablemente sea más útil y realista propugnar otros elementos más sencillos, como que la edad legal de jubilación tenga que recoger, de alguna manera, las evoluciones de la esperanza de vida”, apuntó.

González de Frutos también defendió que se desarrollen sistemas de capitalización “mediante un sistema de adscripción por defecto”, teniendo claro, matizó, que “la obligatoriedad sin subvención condicionada es muy difícil de entender”. La búsqueda de modelos de subvención “mueve a muchas rentas bajas a mejorar su propensión al ahorro”, añadió.

Frente a posibles críticas a la apuesta por el sistema privado complementario, sentenció: “Hay que entender que los sistemas de capitalización se suman al sistema de reparto, no lo vampirizan”.

No hay propuestas para una política global para adaptar el sistema de pensiones a la realidad demográfica

El envejecimiento de la población es una de las principales causas del déficit estructural de la Seguridad Social, poniendo cada vez más presión sobre el sistema de pensiones. Sin embargo, esta nueva realidad demográfica no ha tenido reflejo en la reciente campaña electoral, "en la que ningún partido político ha tenido en cuenta esta importante circunstancia a la hora de proponer una política global para reformar el sistema público de pensiones".

Esta es una de las principales conclusiones emitidas por el Foro de Expertos del Instituto Santalucía, en su reunión mantenida el pasado mes de mayo, en la que debatieron sobre las propuestas de pensiones para el nuevo Gobierno.
Este grupo de expertos considera que, como principio general, la sostenibilidad del sistema de pensiones ha de ser la prioridad por tratarse de una condición sin la cual no tiene sentido hablar de suficiencia o de otros objetivos más ambiciosos.

En su opinión, garantizar la sostenibilidad requiere poner fin a la situación actual, "en la que las nuevas pensiones que se incorporan al sistema están entrando con un déficit, ya que ningún trabajador, incluso con las carreras más largas, cotiza lo suficiente como para financiar su pensión esperada, dados los niveles actuales de esperanza de vida tras la jubilación".


Los planes de pensiones no terminan de calar en la ciudadanía

“No podemos estar orgullosos de los planes de pensiones porque no han funcionado. 30 años después de la creación de este producto, los españoles no han ahorrado lo suficiente como para tener recursos que complementen su pensión”. Unos días antes de la intervención de González de Frutos, el presidente de MAPFRE, Antonio Huertas, había asombrado con estas declaraciones en un acto organizado por la CEOE. Además, confirmaba que en su grupo no se contentaban con el diagnóstico y se estaba trabajando en buscar soluciones.

El ahorro para la jubilación, argumentó Huertas, no puede depender solamente de las pensiones públicas por lo que el Pacto de Toledo debería abrirse para que los trabajadores, como ocurre en otros países europeos (Alemania, Suecia, Austria, Reino Unido…) tengan dos o tres fuentes de rentas.

"Los españoles tenemos una capacidad de ahorro algo superior a la que estamos demostrando. Debemos articular los sistemas adecuados para que ese ahorro se pueda canalizar de forma que complemente la pensión pública", argumentó, para añadir que esta pensión debería ser “la más alta que podamos pagar en cada momento, pero la que podamos pagar”.

En una posterior intervención en los Cursos de Verano de la UIMP, el presidente de MAPFRE ahondó aún más en estas ideas: “Hemos cometido errores todos”, tanto a Gobierno como agentes sociales por no abordar el problema; la sociedad porque “no conoce ni ha valorado suficientemente” la necesidad de ahorrar para el retiro  y también bancos y aseguradoras por primar la captación de clientes y no que hiciesen hucha suficiente quizá por no haber sido “capaces o no haber podido crear productos con suficiente rentabilidad”.

Las pensiones públicas, remarcó, están garantizadas porque tienen el respaldo del Estado, pero irán a la baja porque sufren un gran desajuste. Para evitar una caída importante de ingresos tras la jubilación, “hay que favorecer el ahorro privado porque en toda Europa los trabajadores se jubilan con dos sueldos”. Y ello se produce con incentivos, tanto para las empresas (segundo pilar) como para los ahorradores (tercer pilar). En el caso de las empresas, “no deberían incurrir en nuevos costes” y abogó por establecer “mecanismos de ayuda” que permitan incentivar este tipo de ahorro.

Colaboración frente a competición

Nadie habla en el sector de una sustitución del sistema público por el privado. En una reciente jornada organizada por CNP Partners, el profesor Carmelo Mesa-Lago, experto en Economía de la Seguridad Social América Latina, expuso cómo han evolucionado los sistemas de pensiones en dicha área, cuatro décadas después de que comenzase la transformación de los sistemas públicos de reparto en sistemas de capitalización de administración privada. En su intervención analizó la evolución de los sistemas de pensiones en Iberoamérica, tras las reformas estructurales realizadas entre 1981 y 2008. Detalló que once países latinoamericanos -Chile, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Bolivia, México, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Panamá- implantaron reemplazaron el sistema público de reparto por un sistema privado de capitalización, obteniendo resultados dispares. Además, cuatro de estos países volvieron a introducir reformas entre 2008 y 2018: Argentina y Bolivia abandonaron el sistema privado y retornaron al público; Chile lo mantuvo, pero con cambios importantes; y El Salvador también siguió con él, aunque centrándose en reducir el déficit fiscal. Así, actualmente quedan nueve sistemas privados y once públicos, aunque se auguran nuevas reformas. Ya se intentó, sin éxito, en Perú; mientras que hay discusión sobre este tema en Colombia y Costa Rica; y se esperan cambios con el próximo presidente de Panamá.

Destacó que la competencia del sistema privado no ha funcionado en la mayoría de los países, pues el número de entidades administradoras ha mermado, a la par que la concentración en las dos mayores ha crecido o se ha estancado, llegando en algún caso al duopolio. Igualmente, el porcentaje anual de afiliados que cambia de administradora muestra una tendencia declinante.

En el aspecto positivo, reseñó que las administradoras han introducido las cuentas individuales, han mejorado la información a los asegurados y han reducido el tiempo de trámite de las pensiones.  En cualquier caso, afirmó que "si no se mejora el sistema privado, va a haber problemas para que continúe".